Aprueba el Pleno iniciar revocación de mandato en Bácum, Sonora

Hermosillo, Son., junio 10 de 2019.- Por presuntamente existir falta absoluta, el Pleno de la LXII Legislatura aprobó por unanimidad no aprobar la separación del cargo e iniciar el procedimiento de revocación de mandato al ciudadano Rogelio Aboyte Limón para ejercer el encargo de Presidente Municipal de Bácum, Sonora.

En sesión extraordinaria convocada por la Diputación Permanente, la asamblea avaló el dictamen presentado por la mayoría de los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 167 y 338 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, y a solicitud de diversos habitantes del municipio de Bácum, Sonora.

En el mismo sentido fueron aprobadas las minutas remitidas por las cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, de decretos que reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa y en materia de paridad de género.

Para esta sesión extraordinaria, la mesa directiva la integraron los diputados Fermín Trujillo Fuentes, como presidente; Griselda Lorena Soto Almada, como vicepresidenta; Marcia Lorena Camarena Moncada, como primera secretaria; Magdalena Uribe Peña, como segunda secretaria y Nitzia Corina Gradías Ahumada, como suplente.

Conforme al orden del día aprobado, el primer asunto que se sometió a votación del Pleno fue la iniciativa presentada por la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, con punto de Acuerdo mediante el cual este Poder Legislativo resuelve designar a los diputados representantes ante la Conferencia Legislativa Fronteriza, (CLF).

De acuerdo a la lectura que estuvo a cargo del diputado Luis Mario Rivera Aguilar, la CLF promueve el desarrollo de soluciones compartidas a lo largo de la región fronteriza, a través de consideraciones conjuntas a problemas comunes y el intercambio de información, además de que busca establecer colaboraciones estratégicas y eficientes con los distintos niveles de gobierno y organizaciones no gubernamentales, con el fin de que las comunidades fronterizas y gobiernos estatales de ambos lados de la frontera se fortalezcan y mejoren.

Este organismo lo integran legisladores de los diez estados ubicados en la frontera de Estados Unidos de América y México: California, Arizona, Nuevo México, Texas, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

El Acuerdo sometido a votación del Pleno consideraba los nombres de los diputados Miroslava Luján López, Yumiko Palomárez Herrera, Griselda Lorena Soto Almada, Jesús Alonso Montes Piña, Carlos Navarrete Aguirre, Lázaro Espinoza Mendivil, Leticia Calderón Fuentes, Marcia Lorena Camarena Moncada, Rogelio Díaz Brown Ramsburgh, Nitzia Corina Gradías Ahumada, Jorge Villaescusa Aguayo, María Magdalena Uribe Peña, Francisco Javier Duarte Flores y Luis Mario Rivera Aguilar, como representantes del Poder Legislativo ante la Conferencia Legislativa Fronteriza.

Solicitaron formar parte de dicha representatividad y así fue aprobado por el Pleno, los diputados Héctor Raúl Castelo Montaño, Luis Armando Colosio Muñoz, Miguel Ángel Chaira Ortiz, María Alicia Gaytán Sánchez, Rosa María Mancha Ornelas, Norberto Ortega Torres y Diana Platt Salazar.

En el siguiente punto del orden del día siguió la aprobación del Acuerdo mediante el cual esta Soberanía resuelve instar a las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, así como a los organismos de la sociedad civil, para que soliciten a la Secretaría de Gobernación que emita la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres en el Estado de Sonora, como lo prevé el Artículo 24 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales presentó este Acuerdo que establece como primer punto exhortar a 48 ayuntamientos para que a la brevedad posible se pronuncien a favor o en contra de la Ley número 77 que adiciona un Artículo 20-A a la Constitución Política del Estado de Sonora, dio a conocer la diputada María Dolores Del Río Sánchez.

Como tercer punto, se exhorta al Gobierno de la República y al Congreso de la Unión, para que en la designación y aprobación del presupuesto para el ejercicio fiscal de 2020, se incremente el presupuesto para la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, así como para los refugios para mujeres, sus hijas e hijos, que vivan violencia extrema.

La legisladora también presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, para que en los ayuntamientos se cuente con comisiones anticorrupción, por considerar, expuso, que la transición a gobiernos abiertos y la obligatoriedad de que los ayuntamientos cuenten con un contrapeso conformado por los propios regidores, abren la posibilidad de ejercer su capacidad de autonomía y libertad.

El Decreto se aprobó por unanimidad, al igual que el presentado por el diputado Carlos Navarrete Aguirre, a efecto de reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, mediante el establecimiento de un impuesto sobre la extracción de materiales pétreos, el cual gravará ese tipo de actividad y los derivados de su descomposición que no sean de dominio reservado de la Federación.

La implementación de este impuesto es con la finalidad de que quienes utilicen los recursos naturales de Sonora realicen una aportación para que el Estado continúe en crecimiento, sostuvo, aportación que sería proporcional y equitativa, además de que permitiría igualdad de circunstancias de los demás ciudadanos que contribuyen al gasto público de la entidad para realizar sus actividades.

Minutas, nuevas leyes y decretos aprobados

Los puntos 9 y 10 del orden del día correspondieron a la presentación de las minutas con proyectos de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, y que reforma los artículos 2º, 4º, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Carta Magna, en materia de paridad de género.

El primer Decreto establece entre los considerandos de las comisiones de Gobernación y de Educación, que las cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión son coincidentes en el sentido de la necesidad de modificar diversas disposiciones de la Constitución Federal en materia educativa, para atender añejas demandas sociales con la finalidad de que el Estado asuma su responsabilidad educativa en beneficio de todos los mexicanos.

El diputado Jesús Alonso Montes Piña dio a conocer a la asamblea que, entre los cambios de fondo en el Sistema Educativo Nacional, se encuentran: que el Estado garantice el derecho a la educación de todos los mexicanos, desde la educación inicial hasta el nivel superior; reconoce la educación inicial y la superior como un derecho de los mexicanos y una obligación para el Estado.

Reconoce a maestras y maestros como agentes fundamentales del proceso educativo, eliminando las evaluaciones punitivas y creando un sistema de carrera de las maestras y los maestros, bajo la rectoría del Estado; amplía el concepto de calidad educativa para dar paso al de excelencia educativa; garantiza los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones idóneas para la educación, como obligación del Estado.

A nombre del grupo parlamentario del PAN, la diputada Alejandra López Noriega presentó un posicionamiento por lo que consideran una regresión constitucional que en materia educativa el Gobierno Federal y algunos partidos políticos gestaron en detrimento de la niñez y la juventud mexicana, dijo.

“Con este tipo de acciones estamos negando la grandeza de nuestro querido México. Esta reforma es un retroceso que quedará instituida en el máximo ordenamiento legal de nuestro país, aunque sí, también reconocemos algunas bondades que fueron introducidas en la minuta que hoy se nos presenta”, expresó.

El diputado Francisco Javier Duarte Flores también afirmó que hoy queda claro que el principal objetivo de la reforma educativa es proponer una educación integral que mejore y sirva para que los educandos de este país alcancen un mejor desarrollo y que las lógicas pragmáticas de un neoliberalismo rampante queden desechadas; una educación que posibilite un México con mayor justicia, equidad, participación y apertura.

El segundo Decreto, al que dio lectura la diputada Alejandra López Noriega, destaca la importancia de que se eleven a nivel constitucional los programas y acciones mínimas que deben realizar las autoridades del Estado, con el fin de garantizar el importante derecho de paridad de género, toda vez que, en muchos casos, los responsables de su cumplimiento han hecho interpretaciones muy limitadas a las obligaciones que les corresponden en materia de género.

Se deja claro, entonces, que la satisfacción de dicho derecho humano tiene prioridad sobre otros preceptos de menor importancia, en los que no se afecta la dignidad de las personas, ni se limita su libertad y desarrollo, por lo cual la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales concluyó que la minuta es positiva por coincidir con el sentir de esta Legislatura en esa materia.

Además de que su entrada en vigor sentará las bases constitucionales para que no sólo en el Estado, sino a nivel nacional, exista una verdadera igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito público, establece otro de los considerandos del dictamen.

En el punto relativo a la no aprobación de separación del cargo del ciudadano Rogelio Aboyte Limón al cargo de Presidente Municipal de Bácum, Sonora, y el inicio del procedimiento de revocación de mandato, éste será substanciado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, en atención a lo que resulte aplicable de lo estipulado en los artículos 328, 329, 330, 331, 332 y 338 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

La diputada Ernestina Castro Valenzuela dio lectura al proyecto de Ley que regula el uso y control de vehículos oficiales al Servicio del Estado, con base a la iniciativa que presentó ante el Pleno el 27 de septiembre de 2018, para lo cual presentó una síntesis de la misma, en la que propone que dichas unidades se utilicen para los fines que legalmente le corresponde a los entes públicos a los que pertenezcan.

Deben ser conducidos únicamente por personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en el servicio público; los servidores públicos no podrán utilizar vehículos oficiales en asuntos particulares o trasladarse en ellos fuera del Estado, salvo que sean comisionados para ello.

Establece la obligación del personal administrativo de cada ente público, de administrar el parque vehicular y mantener las unidades en buenas condiciones de uso, además de que las unidades oficiales deberán portar engomados en un lugar visible con el logotipo del ente público de que se trate, entre otras disposiciones.

La Ley consta de 40 artículos y los capítulos: Disposiciones generales; Del uso de unidades; Del buen funcionamiento de las unidades; Del control de las unidades; De los accidentes, robo o daño total o parcial de las unidades; De las responsabilidades y sanciones.

Posteriormente se aprobó el proyecto de Ley que adiciona un Artículo 25-G a la Constitución Política del Estado de Sonora, que plantea que, con base en el número de habitantes, se establezcan en la norma los conceptos de Municipio Rural y de Localidad Rural, a fin de que exista reconocimiento constitucional hacia estos entes poblacionales.

El diputado Francisco Javier Duarte Flores dio lectura al dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que estudió la iniciativa que de manera conjunta presentó con el diputado Fermín Trujillo Fuentes, con el objeto de que de esta manera se establezcan políticas públicas que garanticen los derechos humanos y potencialicen el desarrollo en estos espacios del área rural, toda vez que se considera que no son tomados en cuenta en las mismas condiciones que los grandes centros urbanos del Estado. La Ley será enviada a los 72 ayuntamientos para su aprobación.

La asamblea también aprobó el Decreto que crea un fondo especial para atender un seguro de vida para pescadores del Estado de Sonora. Se le quita a la Secretaría de Hacienda la responsabilidad de administrar el Fondo, a efecto de que no tenga que hacer modificaciones en su estructura organizacional para esos efectos, y se pasa a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, que cuenta con los elementos para atender al sector.

El diputado Lázaro Espinoza Mendivil, impulsor del Decreto, dio a conocer que será aplicable únicamente para pescadores ribereños y se determinó disminuir la aportación inicial del Gobierno del Estado al Fondo, para disminuir el impacto presupuestario.

En el orden del día siguió la aprobación del Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Sonora y de la Ley de Prevención, Tratamiento, Rehabilitación y Control de Adicciones del Estado de Sonora, que de acuerdo a la exposición que presentó la diputada Diana Platt Salazar en el dictamen elaborado por la Comisión de Salud, se trata de homologar los criterios contenidos en el mismo con los de la normatividad federal.

Se refirió al ingreso involuntario a los centros de atención para la salud mental de las personas que así lo requieran y que cumplan con los requisitos establecidos en las normas referidas, por considerar, indicó, que el consumo de drogas en adolescentes es dos veces superior al de todo el resto de la población.

Y para que en la integración de las comisiones legislativas se tome en consideración el principio de equidad de género, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales presentó el dictamen que reforma el Artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como un punto de Acuerdo, ambos para que, sin perjuicio del derecho establecido por los grupos parlamentarios, se haga directamente proporcional al número de sus integrantes, considerando la importancia de éstas.

La diputada Nitzia Corina Gradías Ahumada, impulsora de la iniciativa, dio a conocer que para la integración de las comisiones se atenderá necesariamente a la pluralidad de diputados existente en el Congreso del Estado, así como a la equidad de género, debiendo asegurar que las comisiones se integren y sean presididas de manera paritaria entre las diputadas y diputados de cada Legislatura.

Enseguida aprobó el Pleno el Decreto que autoriza al Ayuntamiento del municipio de Cajeme, Sonora, para que gestione y contrate, en las mejores condiciones del mercado y en una o varias etapas, el otorgamiento de uno o varios financiamientos que incluyan hasta la suma de 33 millones de pesos para la realización de obras que constituyen inversiones públicas productivas, así como la contratación de un monto adicional hasta el 2.5 por ciento de la cantidad anterior para cubrir conceptos adicionales por gastos y accesorios derivados del o los empréstitos.

Al Ayuntamiento del municipio de H. Caborca, Sonora, se le aprobó la modificación a su Ley 21 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal de 2019, con el objeto de contar con el sustento legal para la aplicación de diversas contribuciones en dicha municipalidad.

Una vez desahogado el orden del día, el Pleno aprobó el Decreto que clausura la sesión extraordinaria.